Los grupos sociales necesitan directrices claras al respecto de lo que es un comportamiento aceptable. Si faltan esos elementos, el caos social es posible. Establecer límites de comportamiento sexual aceptable ha sido prioridad de las instituciones del Estado. Una vez que una forma de comportamiento, como la homosexualidad, se consideran fuera de estos parámetros, muy probablemente existirá oposición a la misma.
Posterior a la Guerra de Reforma, tras lograr la separación de la Iglesia, el Estado Mexicano se denomina laico, nacionaliza los bienes, tiene y adquiere el control sobre actividades fundamentales de la vida social, como la educación, el matrimonio, el registro civil, la tenencia y secularización de los cementerios; el establecimiento y regulación de los días festivos y la libertad de culto (Andrade, 2009). Es hasta 1875, que se aprueba el decreto que reglamenta las Leyes de Reforma y las incorpora a la Constitución ; lo que atempera la grave influencia católica en las manifestaciones sociales y culturales de los mexicanos. El punto a resaltar de este periodo es que se le confiere al matrimonio el carácter de contrato civil el cual se celebra ante las autoridades reconocidas por el Estado, se lleva a cabo por voluntad entre un hombre y una mujer y solo se disuelve ante la muerte de uno de los contrayentes; no se puede celebrar entre personas con lazos consanguíneos, incapacidad física ó “moral” y así mismo se castiga la bigamia y la poligamia (Dublán, 1882). Durante esta época son pocas las mujeres que acceden a sus derechos por desconocerlos y las pocas que lo hacen, son mujeres que habitan en la urbes, cuyos “esposos” son militantes del Partido Liberal, de clase socioeconómica alta en su mayoría (Andrade, 2009).
La base jurídica que delinea la Reforma en cuanto a la perspectiva de género permanece prácticamente inmóvil durante el Porfiriato (1876 – 1911) que se define como una sociedad francamente desigual en el que la mujer en el mejor de los casos era extranjera o hija o esposa de banquero, terrateniente, fabricante o funcionario público y en el peor campesina, indígena, esposa o hija de obrero o artesano; ello determinaba el acceso a la identidad jurídica.
En 1875 y 1876, gran parte de la población fue azotada por epidemias a consecuencia de la carencia de políticas públicas en materia de saneamiento y salubridad. Ello obligó al gobierno a consultar a los médicos más reconocidos para buscar la solución a estos problemas. Por lo que se llevó a cabo un congreso a través del cual se terminó de constituir la Academia Médica de México. Se establecieron una serie de recomendaciones sanitarias que el Gobierno adoptó con buenos resultados por lo que en 1877 el gobierno del Gral. Porfirio Díaz dio identidad jurídica, espacio y una subvención anual a cambio de generar líneas de investigación que plantearan soluciones a la problemática en salud que enfrentaba el gobierno (Sánchez, 1997).
Cabe resaltar que durante este periodo histórico, el gremio médico adquirió poder moral, político y social preponderante. Ello “mitificó” su quehacer mesiánico y lo llevó al nicho de lo incuestionable junto con el Estado y la Iglesia Católica. Al igual que estos últimos dos poderes y siguiendo la lógica de exterminio que caracterizó la dictadura del Gral. Díaz, los médicos mexicanos emplearon métodos legales e ilegales para acabar con sus oponentes ideológicos: los curanderos y las parteras tradicionales. Al respecto del tema que nos compete, la Academia Médica de México desacreditó sistemáticamente el trabajo de las parteras populares responsabilizándolas de la gran prevalencia de muerte neonatal y la fiebre puerperal. Reclamaron inicialmente la prohibición de su ejercicio y posteriormente “enajenaron el saber tradicional”[2] y en su ideario terminaron por reglamentar una actitud de subordinación de la medicina tradicional frente al médico, aunque es menester subrayar que la mayoría de los “médicos modernos” nunca había auscultado un cuerpo femenino y jamás habían presenciado el trabajo de parto. Estas prácticas discriminatorias aseguraron en México el fortalecimiento de una élite de profesionistas quienes a toda costa defendieron su estatus, su nicho comercial y las aspiraciones de imponer un saber hegemónico poco permeable a la realidad sociocultural de la época.
Es de especial interés para el fin que persigue este ensayo, señalar que durante su consolidación como gremio “los médicos hablaron desde su posición como hombres, no de profesionistas….” (Sánchez, 1997) y emplearon los medios de difusión formales de difusión científica para lanzar descalificaciones y juicios de valor a las parteras sin título y “en ningún momento se hizo una crítica dirigida a cuestionar los métodos y las técnicas utilizados por éstas. En vez de una argumentación objetiva aparecen cuestionamientos con un tono burlesco hacia sus conocimientos. Se les discriminó por su condición de mujer, no de sanadoras, aseveración que se ve confirmada cuando los médicos hablan de un odio recíproco entre ellos… y se acusa a algunos médicos recién egresados de buscar la protección de las parteras artesanales…” (Sánchez, 1997).
En base a lo anterior se considera que la base de las políticas públicas de salud y salubridad en México tiene su antecedente en este periodo. El Gobierno Federal centralizó las funciones a través del Consejo Superior de Salud, dependiente del Ministerio del Interior, e implementó una serie de políticas y programas dirigidos a las zonas urbanas del país. En 1891, el Congreso federal inició la legislación de la salud e higiene con la aprobación del Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos (Eric, 2005). Se inicia la creación de infraestructura sanitaria pública y servicios: drenaje público y red colectora, tiraderos municipales y servicios de limpia y recolección de basura y baños públicos. Al respecto de los servicios de salud se creó la Beneficencia Pública y Privada que aparte de brindar servicios de atención a la salud en dispensarios se encargaba de tareas de protección social como lo era el cuidado de los huérfanos, desayunos escolares y prodigación de vestido (Guadarrama, 2001).
Con el triunfo de los liberales, el diseño y reconstrucción de la nación quedó en manos de los intelectuales, principalmente de los médicos y de los abogados quienes propusieron en el orden político, la práctica de la Constitución Liberal de 1857, la pacificación del país y el fortalecimiento de la Hacienda Pública; en el orden social, la inmigración, las libertades de asociación y trabajo; en el orden económico, la construcción de caminos y puentes, la atracción del capital extranjero para la inversión en empresas, particularmente de manufacturas y técnicas de siembra; en el orden cultural, la libertad de prensa y la educación pública y laica marcaron el inicio de la Reforma. Sin embargo lo que escapó al movimiento reformista fue la homologación que se produjo entre la práctica médica y la religiosa; el médico sustituyó al confesor y el enfermo al pecador. Las normas religiosas de la vida digna fueron transferidas a la medicina (Turner, 1989). Dicha transferencia generó que la ciencia, con su aparente neutralidad, se inmiscuyera en el espacio de la vida pública y privada para suministrar criterios de normalidad, los cuales eran considerados como “naturales”. De esta manera el lenguaje de la enfermedad comienza a encubrir la función moralizante de la medicina (Sánchez, 1997).
Se debe considerar que la Reforma es un periodo de gran desarrollo jurídico y el Porfiriato genera la infraestructura social para el desarrollo económico del país. Ambos factores determinan las condiciones objetivas y subjetivas para que las diferentes historias, culturas y realidades regionales estallaran en la Revolución Mexicana. Este periodo tan convulso gesta en gran medida la idiosincrasia colectiva de la “Mujer mexicana”, la cual adopta un papel relevante en el psiquismo del mexicano. Se convierte en la fuerza que fluye libremente, que alimenta, cobija y da amparo emocional al hombre que debe permanecer confinado (Protin-Dumon, 2001). Toma forma de periodista y escritora; de conspiradora; se asocia y sindicaliza; lo mismo es enfermera, que soldadera o coronela. Desde este momento la mujer ocupa un lugar determinante en la construcción de la identidad nacional y la lucha por los derechos jurídicos (Reyes, 2007).
En 1943, durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, se fundaron la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Estas instituciones serían la base de dos modelos paralelos de atención a la salud: el de la SSA , orientado a la población en general; y el del IMSS, destinado a los trabajadores con una relación laboral formal. El Estado proyectó servicios básicos de salud a la mayoría de la población, pero, al mismo tiempo, se organizó y conformó un sistema cuya dinámica se centró en brindar atención a determinados grupos organizados a cambio de apoyo político (Wilkie, 1967).
Desde esta lógica, el individuo desaparece a favor de la masa para asegurar el orden económico y social (Sánchez, 1997). El positivismo y los mecanismos de coerción y control social permearon la ciencia médica desde el siglo XIX y generó un distanciamiento entre el médico, la enfermedad y el sujeto. Es decir, los médicos ejercen legitimación del discurso político, representan una estructura “moralizante” paralela a las estructuras eclesiásticas y forman un engranaje del sistema económico capitalista, dejando en segundo plano la enfermedad y relegando al sujeto portador de la misma a la condición de objeto. De ahí que gremio médico se rija por una estructura jerárquica rígida propia de la milicia ó el clero, ya que en si misma alberga un poder estabilizador ó desestabilizador social, del cual no deben de ser conscientes los constituyentes, los cuales al igual que los pacientes adoptan la condición de objetos (engranes) que deben de someterse a ritos punitivos, enajenantes y humillantes para pertenecer a esta “selecta élite mesiánica”. En suma el quehacer médico mexicano se articuló al discurso paternalista propio del sistema rector posrevolucionario institucional y al pensamiento positivista mecanicista anglosajón, lo que contribuyó a la deshumanización y encarecimiento de la medicina.
Este proceso en el horizonte histórico del país nos lleva a la precisión filológica de que en la década de los 60 y 70´s se manifiestan grandes sismas mundiales al respecto del surgimiento del feminismo y eclosionan los estudios sobre identidad y perspectiva de género. Los Movimientos Estudiantiles en el México de 1968 terminan con “la decadente y anacrónica” visión del paternalismo mexicano “que alude a la idea de la vieja y unívoca patria autoritaria la cual entra en franca bancarrota como instrumento ideológico de control social y queda de manifiesto la duda social” (Marquez, 2002), como resultado de la mayor crisis política de México en el panorama de cierre del siglo XX; cuestión que obliga a una serie de determinaciones en los estudios de género que son necesarios revisar con mayor detenimiento, dado que la influencia de este periodo en la concepción moderna de la temática que nos involucra, de tal forma que está se profundizará en el siguiente capítulo.
Habiendo superado el sentido de la crisis política de finales de los sesenta y ubicando los indicadores al respecto de la evolución del sistema de salud mexicano, Luis Echeverría Álvarez unifica los principios, propósitos y objetivos para ser alcanzados en el próximo decenio en materia de salud pública para todo el territorio nacional debiendo alinear las políticas estatales en esta materia al Plan Nacional de Salud. Entre algunos de los aspectos más destacados se encuentra la salud como parte integrada de la educación, medidas de seguridad e higiene, mejoramiento de la nutrición, planeación unificada de la salud, la seguridad y el bienestar de la comunidad. Sin embargo, ante la imposibilidad económica de seguir expandiendo la seguridad social a otros grupos de la población, en 1973 fue reformada la Ley del Seguro Social que daría cabida, a través de regímenes especiales, a grupos sociales excluidos (Arena, 1988).
En la década de los 80, la reforma del sistema de salud integró a las diversas instituciones en un Sistema Nacional de Salud. Sus bases políticas e ideológicas fueron elevadas a rango constitucional en 1983, mediante la modificación del artículo 4°, que estableció el derecho a la protección de la salud. A partir de este momento, en el artículo 1º párrafo tercero[3] y en el artículo 4º[4] se pretende garantizar la igualdad ante la ley y se proscribe toda prerrogativa de discriminación (Diario Oficial, 2010). A partir de estos artículos se consolida una plataforma social para la constitución de derechos y responsabilidades homogéneos a los miembros de la sociedad mexicana.
Posteriormente en 1994, a través del tan discutido artículo 133 se incorporan las reformas constitucionales que incluyen tratados internacionales sobre derechos humanos y obligan al Estado a eliminar cualquier obstáculo para que sin objeción hombres y mujeres ejerzan los mismos derechos. Sin embargo, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la ley fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados" lo que desorganiza la aplicación y reformas necesarias a este respecto (Orozco, 1999). Situación ante la cual, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (constituida en 1990) a través de la Coordinación General de equidad de Género del Poder Judicial de la Federación busca incentivar la interpretación de las leyes conforme a los principios de igualdad y no discriminación con perspectiva de género (Protin-Dumon, 2001).
Sin embargo, a pesar de mostrarse en las leyes el principio de regulación de género, por otra parte viene el declive. A partir del 2000 quedó de manifiesto que el Sistema Nacional de Salud entraba en una agonía de la que no ha podido recuperarse. Los gastos catastróficos en salud[5] golpean a las familias más pobres. El riesgo de empobrecimiento en el ámbito nacional fue mayor en los hogares más desprotegidos: el 20% más pobre, los rurales y los no asegurados. Más de 70% de los gastos catastróficos fueron atribuibles a medicamentos y atención ambulatoria en los estados más pobres y como en el Porfiriato se escinden los servicios de salud en públicos y privados, y a partir del 2004 el sistema de seguridad social se derrumba gravemente afectando la actividad productiva del país (Coparmex, 2004). En tal circunstancia fracasa la descentralización de los servicios de salud ante la resistencia de los sindicatos y la Reforma del Estado. Bien se puede decir que en términos sociales, ha tenido el acento en transitar hacia un Estado subsidiario, que se caracteriza en concentrar las funciones de financiamiento, regulación y diseño de la política social, dejando al sector privado un mayor espacio para la provisión. Se crea el Seguro Popular e impacta el fenómeno de las farmacias de similares, ambos aún por definirse, pues el primero lucha por su ejercicio para apropiarse de una población vulnerable en términos de mayoría a la que difícilmente se le puede satisfacer como servicio de salud y las farmacias se manifiestan como una falsa preocupación social (populismo) en donde a cada paciente le acomodan los fármacos que producen, además de que crean un sistema de abaratamiento de la propia medicina como profesión.
En conclusión, considerando el horizonte histórico, a la luz de la Constitución , podemos advertir que desde 1917 se pugna por la construcción estrictamente legal de la igualdad entre hombres y mujeres ante el Estado. Sin embargo, su aplicación al ámbito social aún manifiesta una amplia gama de interpretaciones a causa de la diversidad de usos y costumbres atomizados a través del territorio nacional. Incluso en un Municipio existen realidades diametralmente disímbolas al respecto de la densidad poblacional rural, urbana ó indígena de por sí desigualmente estratificadas. Por otra parte se atisba partir de este seguimiento, que no existe forma de importar concepciones anglosajonas del movimiento feminista, ya que al hacer un balance histórico y proponernos evaluar el México moderno, caemos en cuenta que es un contexto en el que se desdibujan diariamente las instituciones sociales[6] quedando sobre la mesa multitud de factores que explican que la vivencia de la violencia en el microcosmos de una sala de urgencias nos remite a una realidad que nos inunda en el macrocosmos cotidiano de los hechos reales del país.
[1] Art 1º, Constitución de la República Mexicana de 1857.
[2] Por su naturaleza y su forma de transmisión, es imposible enajenar el conocimiento empírico, sin embargo en 1841 la Academia Médica de México formalizó la carrera de partera (“comadrona”) capacitándolas en obstetricia a la par de los médicos en maniquíes artificiales. Dicho al margen: ironías de la medicina mexicana moderna que se mantienen hasta nuestros días.
[3] Art 1º, párrafo tercero: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
[4] Art 4º, párrafo primero: El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
[5] Gasto catastrófico en salud: Cuando se presentan erogaciones que superan 50% del ingreso efectivo familiar mensual (ingresos que normalmente se destinan a consumo no alimentario). Así mismo, se define el gasto semi catastrófico como aquel que representa entre 30 y 49% del ingreso efectivo familiar mensual (Knaul, et al 2001).
[6] Fenómeno de las “Juanitas en el Congreso Mexicano” http://eleconomista.com.mx/partidos/2010/01/05/congreso-aprueba-licencia-“juanitas”
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